El nuevo certificado laboral: cuando el mercado laboral necesita más que tu experiencia

Un nuevo “certificado laboral” promete transparencia en contrataciones, pero puede transformarse en una herramienta de discriminación y exclusión, vulnerando derechos laborales y de privacidad.

Esta semana se anunció un “certificado laboral” para postulaciones a empleo. Se trata de una empresa nacional que ofrece un documento descargable con Clave Única que recopila información personal de la persona trabajadora, como licencias médicas, boletas de honorarios, antecedentes judiciales o participación en juicios laborales. El servicio se presenta como una solución “rápida, transparente y confiable”. Pero lo que parece innovación tecnológica podría convertirse en una peligrosa forma de exclusión y discriminación.

El mercado laboral chileno ya presenta muchas barreras: vacantes escasas, procesos extensos y una tasa de desocupación que bordea el 9% —según cifras del INE—. A esto se suman las dificultades adicionales que enfrentan mujeres, personas mayores, madres, migrantes o quienes tienen antecedentes penales. En este contexto, exigir un certificado que expone aspectos sensibles de la vida laboral y personal solo profundiza la desigualdad.

Aunque su uso se presente como voluntario, sabemos que quien no lo entrega probablemente quedará fuera. ¿Qué implicaciones tiene permitir que empresas decidan contratar —o no— en función de licencias médicas, juicios laborales o causas penales? Detrás de esas cifras hay personas: alguien que estuvo enfermo, que cuidó a un hijo, que defendió sus derechos en tribunales, o que simplemente está siendo investigado sin condena. Usar esa información como filtro no sólo es injusto: puede ser ilegal.

El artículo 2 del Código del Trabajo prohíbe la discriminación en el empleo por razones que no se relacionen con la idoneidad. Lo mismo establece el Convenio 111 de la OIT, que Chile ha ratificado. Evaluar a una mujer por tener varias licencias podría ser una forma de discriminación por maternidad, salud o género.

Además, el uso de antecedentes penales irrelevantes como criterio excluyente vulnera el principio de no discriminación y el derecho a la reinserción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que los Estados no solo deben evitar discriminar, sino también prevenir que actores privados lo hagan en procesos de contratación.

La privacidad también está en juego.

La Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, y la Constitución chilena, garantiza el derecho a la intimidad y al control sobre los datos personales. Información sobre salud, vida judicial o historia laboral no puede usarse sin estrictos resguardos ni fines legítimos. Lo contrario representa una amenaza real a los derechos de las personas trabajadoras.

El hecho de que este servicio exista es una radiografía del mercado laboral chileno: vigilante, excluyente, precarizado y discriminador. Un sistema que no siempre mira a las personas como sujetas de derechos, sino como datos fríos que pueden ser usados en su contra.

La tecnología puede aportar a procesos más eficientes y justos. Pero nunca a costa de la dignidad, la privacidad ni la igualdad. El derecho al trabajo no puede condicionarse a un historial libre de enfermedad, maternidad o conflictos legales. Porque detrás de cada antecedente, hay una historia que también merece respeto.